La suspensión por presunta participación en política del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, podría quedar sin efecto por un posible error jurídico de la Procuraduría, informó la estación radial capitalina La W.

Según este reporte, el tema es motivo de debate en el seno del Ministerio Público, y se enfoca hacia el viceprocurador, Silvano Gómez, quien habría ordenado la suspensión del alcalde de Medellín al amparo de la Ley 734 de 2002, y no bajo la Ley 2094 de 2021 que entró a regir plenamente el primero de abril de 2022, y que fue la misma que impulsó la Procuradora general para poder sancionar a funcionarios de elección popular.

De acuerdo con fuentes consultadas por periodistas de la emisora, con dicha decisión la Procuraduría se habría contradicho, pues sancionó al alcalde de Medellín al amparo del mismo procedimiento por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó a Colombia en el caso del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

Según lo contemplado en esa misma Ley, el viceprocurador es un funcionario administrativo y no un juez, por lo que no hay justificación legal.

Además, con esa normativa la consulta de la suspensión le correspondería directamente a la procuradora general, Margarita Cabello, y no a funcionario subalterno.